Inicio Actualidad El 8M Congreso de Alicante se opone a la Ley de Consentimiento para la convivencia y presenta denuncia ante el Síndic de Greuges.

El 8M Congreso de Alicante se opone a la Ley de Consentimiento para la convivencia y presenta denuncia ante el Síndic de Greuges.

por Alicante Global
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La entidad lo considera legal la naturaleza de la vulnerabilidad se vuelve altamente vulnerable hay hombres que están hartos de mendigar y que se prostituyen, sobre todo mujeres. El artículo, según fuentes de la asociación, “no define claramente las conductas prohibidas”, pero “utiliza conceptos legales que no son determinantes ni difíciles de definir”, como la oferta, la solicitud, la negociación y la aprobación. Estos, señalan, “violan el principio de seguridad jurídica, en prácticas que involucran acoso y acoso sexual”, además, “las mujeres son degradadas u ofendidas en el ámbito de la prostitución, lo que también viola el principio de la gente común. las autoridades no pueden simplemente actuar «.

Desde la plataforma a la que se oponen, generalmente se centra en «la actividad criminal y acciones que pretenden ser por la seguridad de los ciudadanos, más que por la protección de las mujeres que cometen adulterio. “Entonces, les pasa” que las mujeres que ofrecen estos servicios están justificadas económicamente, y piensan que en esta práctica el mayor riesgo son las mujeres. viniendo del oficio del suicidio, es decir, nos enfrentamos a los que pueden haber muerto. no viene a prevenir el duelopero, por el contrario, también serán asesinados y sus derechos serán más vulnerados ”.

Por supuesto, piensan, estos comportamientos son castigados “si se cometen de manera pública y remunerada”, lo que significa que “tales actos son castigados si los comete una persona que ejerce la prostitución y no otros. El hombre”. Significa que «la solicitud de prostitución no se llevará a cabo, sólo se desea que la solicitud se interponga». Volverán a protestar «no importa quién esté detrás la mujer adúltera, que disfruta “de su trabajo.

La gente tiene más recursos que sanciones

La Asamblea 8M explica que la normativa aprobada por el Ayuntamiento de Alicante, con cambios menores, es “un reflejo completo” de lo que se propone en Barcelona desde 2006. Sobre esta base, afirma la entidad en un estudio denominado Limitaciones y Violaciones de Derechos desde una perspectiva de género, realizado en el marco del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación de Retos Sociales, del Ministerio de Economía, Industria y Competencia del Gobierno de España. Según el mismo enunciado, «cuál es la función que ese estándar cumple en la realidad». Hablando de los datos proporcionados por Human Rights Watch, afirman que el 62,4% de las penas son por prestar servicios de prostitución y el 29,6% por solicitación. Un espejo, pensaron, de quien realmente va a sufrir las consecuencias será castigado por orden.

«Las personas vulnerables siempre son juzgadas y las que no tienen derechos básicos como en este caso». En cambio, la Asamblea 8M cree que debería «buscar asistencia de recursos públicos Y, «desde las mismas instituciones, en este caso concejal, apostar por la Ley Nacional del Aborto», agregaron. El aborto del cuerpo. De sus derechos fundamentales. «Esta acción, más que autorización», es la que se debido por una organización autorizada «.

Por todo ello, la entidad reclama “la derogación de la Ordenanza de Convivencia Cívica del Ayuntamiento de Alicante, que también discrimina a las mujeres y personas vulnerables”, y en su opinión, existen algunos aspectos similares al Peligro. y la Ley de Rehabilitación Comunitaria de 1970, influenciada por la Ley de Rehabilitación y Rehabilitación de 1933, por otorgar la mayor parte de la carga legal a los vulnerables. “Lo que tiene la culpa es la pobreza, la opresión de la pobreza y la demanda de las mujeres, es decir, una desigualdad más profunda, en lugar de quitar los velos para desmantelar las instituciones públicas, por el poder de la ley”.

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