Home Actualidad La Fiscalía pedirá a la Corte Suprema que revoque la pena del proceso del PGOU y reprograme el juicio.

La Fiscalía pedirá a la Corte Suprema que revoque la pena del proceso del PGOU y reprograme el juicio.

by Alicante Global

La Fiscalía Anticorrupción y el ex alcalde de Alicante Luis Díaz Alperi han anunciado su intención de apelar ante el Tribunal Supremo la sentencia impuesta por la Audiencia Provincial por la falta del PGOU de Alicante. Este jueves finaliza el plazo para publicar el anuncio del espectáculo, una orden obligatoria para solicitar que se revise la decisión.

El Juzgado del Tercer Circuito absolvió a todos los imputados excepto a Alperi y al empresario Enrique Ortiz, a quien condenó por dos cargos de cohecho. El ex político del PP fue multado con 6.000 euros por aceptar el pago del alquiler de un avión privado que voló a Creta en el verano de 2008, poco antes de marcharse en la Alcaldía. A Ortiz, a pagar 18.000 euros por regalar un abrigo de Carolina Herrera a la célebre alcaldesa de la época Sonia Castedo, que también fue acusada en este acto, y se han desestimado todas las alegaciones.

Antes de la decisión de Alperi de acudir a la Corte Suprema, que anunció en julio pasado, cuando se conoció la decisión del tribunal, fuentes cercanas a Ortiz habían confirmado que los promotores están apelando en casación, alegando aceptar la sanción.

El empresario está a la espera de que la Audiencia reembolse al banco los más de un millón de euros que destinó para hacer frente al pasivo público si se decide por los perjuicios ocasionados por el ajuste urbanístico, realizado por el juzgado. no creas que ha pasado

La defensa de Alperi interpuso su recurso de apelación por incumplimiento del estado de derecho, una de las razones utilizadas por la Fiscalía Anticorrupción como complemento al incumplimiento estatal y al incumplimiento de la ley.

Para una audiencia pública, la Fiscalía General debe demostrar en última instancia que el recurrente, es decir, defendió el mérito de derogar una sentencia, que este grupo considera una infracción de la ley. Si el Tribunal Superior hubiera optado por revocar la decisión de volver a juzgar el caso, esta situación habría afectado a todas las partes, es decir, a las nueve personas imputadas en este caso, así como a Castedo. autorizado por la Corte.

Ninguna de las otras dos acusaciones apareció en la apelación. El particular, que representa los intereses del Ayuntamiento, anunció hace meses su retirada de las operaciones. En una decisión de no proceder hasta la Corte Suprema, que se ha celebrado en representación de Estados Unidos, los problemas económicos de la estructura política han afectado el costo de hacer este trabajo. Sin embargo, el abogado que dirigió el proceso, José Luis Romero, consideró que no se valoraron debidamente las pruebas de los sobornos, ni el acuerdo firmado por Ortiz antes de la audiencia oral, ni la interpretación correcta por parte del tribunal. ley de administración de la ciudad.

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