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La junta de fiscales del Tribunal Supremo decide por quién recurrir la sentencia del PGOU

by Alicante Global

junta de fiscales Tribunal Supremo Penal todos han estado de acuerdo apelar el castigo de la Audiencia de Alicante dictaminó editar en PGOU de la gran ciudad. Una decisión absolvió a casi todos los acusados ​​en esta parte del caso Brugal, excepto al exalcalde. Luis Díaz Alperiy del empresario Henare Ortiz, fue multado por cohecho con multas de 6.000 y 18.000 euros. Al expolítico del PP, por aceptar pagar un avión especial para un viaje a Creta. A la promotora, por regalarle una remera de Carolina Herrera al alcalde de esa época, también fue popular Sonia Castedo. La exregidora, su hermano y su amigo; Un empleado y un hermano del promotor y otros dos empresarios quedaron en libertad. Se decidió si los políticos habían entregado la información confidencial sobre el urbanismo de la ciudad a Ortiz a cambio de honorarios: un abrigo y un jet privado, que estaban entre ellos.

Si el Tribunal Supremo confirma el planteamiento del Ministerio de Obras Públicas en auto de apelación por infracción de norma legal y falta de carácter, se anulará la sanción impuesta por la Tercera Parte y se volverá a juzgar, por lo que un nuevo tribunal contó con nueve querellantes. declaraciones: dos fueron condenados, siete fueron absueltos.

La solicitud ha sido cancelada.

Cuando se dio a conocer el veredicto en julio pasado, los fiscales Felipe Briones y Pablo Romero advirtieron al tribunal que estaban omitiendo la información que alegaban y pidiéndoles que cometieran un error en una nueva decisión para corregir esos errores para que se pueda presentar una apelación. . La moción del tribunal fue rechazada por las juezas Cristina Costa, Margarita Esquiva y Montserrat Navarro, la vicepresidenta, por exceder los límites legales fijados para la definición de las penas. Y porque “ninguna de las alegaciones se puede explicar ni incluir porque no hay una descripción de los errores, omisiones o errores a incluir, pero es inconsistente con la sentencia”, respondieron.

Los fiscales dijeron en su escrito de acusación que denunciaron 57 abusos en la conducta del PGOU y algunos de ellos no llegaron a sentencia. Una cosa va a llevar el Ministerio de Obras Públicas al Tribunal Supremo y silenciar la sala sobre el acuerdo firmado por Ortiz, su hermano y un empleado con denuncias (además del público en general, es que el Ayuntamiento es un particular de pleno derecho). individuos y los EE.UU. es famoso) por alguien que conocía los hechos a cambio de una reducción de la pena que dice que no tienen acceso a prisión. Los fiscales registraron un acuerdo al que se retiraron poco antes del juicio, que fue aceptado por el tribunal pero no incluido en la decisión del juicio.

Briones y Romero también pidieron a los jueces que expliquen por qué no tomaron la información sobre el empresario Ricardo Fuster cuando dijo que tenía «buenas razones» para afirmar que le pagaron la visita de Ortiz Alperi a Creta. Se dice que el castigo es por este testigo que pagó por ello. La decisión no tiene a los imputados de lado pero tampoco lleva a querer saber los motivos por los que el tribunal no se habría ocupado de él si su falsa declaración fuera clara.

La Fiscalía también cita evidencia de que el tribunal se está deslizando en la sentencia para desestimar las acusaciones, diciendo que «no es independiente, amplia y ambigua». Algunas de las valoraciones no fueron aprobadas por los fiscales pero, en todo caso, el tribunal no advirtió que aún podían ser corregidas sino que, en cambio, las consideró bien documentadas.

Alperi también dijo que está pidiendo castigo.

Sigue pendiente el sucio juicio de Orihuela

La acusación por las modificaciones del PGOU de Alicante no es la única que se ha desatado del caso Brugal que ahora está pendiente de juicio en el Tribunal Supremo. Esperar a que interponga un recurso por parte de la Fiscalía es también un medio para el derroche de Orihuela. Una causa decidida por un juzgado del séptimo distrito de la Audiencia de Alicante con sede en Elche con la condena de 34 imputados, entre ellos dos exalcaldes de Orihuela y el empresario Ángel Fenoll, que reconoce que las llamadas telefónicas que dieron lugar al proceso “vulneraron derechos básicos ”. Como en el caso del PGOU, el Ministerio de Fomento pidió un nuevo juicio del caso pero con un tribunal distinto al que lo conoció, y los jueces Gracia Serrano, José Teófilo Jiménez y Manuel Martínez Aroca, dijo este último como ponente. . La sala absolvió a 34 acusados ​​de irregularidad en la prestación del contrato de recogida de basuras y limpieza viaria de Orihuela tras declarar que faltaban pruebas clave contra ellos. No solo se prohibieron las intervenciones telefónicas realizadas en los últimos tres años, sino que también se prohibieron los registros domiciliarios, las investigaciones policiales así como ciertos documentos por vulnerar derechos fundamentales, dijo el tribunal. El piso ahora está en la parte superior.

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