Alicante busca anular la sentencia que aprueba la licencia ambiental para los depósitos del Puerto
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El Ayuntamiento argumenta la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva
El Ayuntamiento de Alicante ha interpuesto un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ-CV) solicitando la nulidad de una sentencia que otorgó a la empresa XC Business 90 S. L. una licencia ambiental para la instalación de una planta de almacenamiento de combustible en terrenos del Puerto, basándose en el silencio positivo. Además, se pide la suspensión de la ejecución de dicha sentencia mientras se resuelve el incidente de nulidad. En su argumentación, el Ayuntamiento sostiene que la sentencia no consideró la inconstitucionalidad del silencio positivo establecido en la legislación autonómica, así como la falta de respuesta a cuestiones relevantes planteadas durante el proceso.
La solicitud de nulidad se fundamenta en la supuesta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, consagrado en el artículo 24.1 de la Constitución Española. Según el escrito, la sentencia no aplicó la inconstitucionalidad declarada por el Tribunal Constitucional respecto al silencio positivo en licencias ambientales, lo que ha llevado a una situación de indefensión para el Ayuntamiento.
Fundamentos de la solicitud de nulidad
En el documento presentado ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ-CV, el Ayuntamiento argumenta que la sentencia dictada en el Recurso de Apelación 229/2022 vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva al no considerar la inconstitucionalidad del artículo de la ley que establece el silencio positivo. Esta ley fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional en 2022, lo que debería haber sido tenido en cuenta en el proceso judicial.
Asimismo, se alega que la sentencia incurre en «incongruencia omisiva», ya que no respondió a algunas de las cuestiones planteadas por el Ayuntamiento, lo que ha generado indefensión y ha llevado a la concesión de una licencia que podría tener un impacto negativo en el medio ambiente.
Suspensión de la ejecución de la sentencia
El Ayuntamiento también solicita la suspensión de la ejecución de la sentencia, argumentando que esta debe ser cumplida en un plazo de dos meses. Si no se suspende, se corre el riesgo de que se pierda la finalidad del incidente de nulidad, ya que la ejecución de la sentencia podría llevar a la concesión de la licencia ambiental antes de que se resuelva el recurso.
La trascendencia de los derechos fundamentales involucrados en este caso es significativa, ya que la protección del medio ambiente y el principio de prevención son esenciales. La ejecución de la sentencia, tal como está, podría resultar en daños irreparables al medio ambiente, dado que el silencio positivo no garantiza la realización de los controles necesarios antes de iniciar la actividad.