Compromís exige al alcalde de Alicante rendir cuentas por la corrupción en construcciones ilegales en áreas protegidas

Compromís en el Ayuntamiento ha decidido solicitar «responsabilidades políticas» al alcalde y a los concejales de Urbanismo y Seguridad, tras la reciente investigación de la Guardia Civil que involucra a 14 hombres, seis mujeres y una entidad jurídica por delitos relacionados con la ordenación del territorio y urbanismo, en el contexto de construcciones ilegales en terrenos protegidos. Esta situación también afecta a los derechos de los trabajadores.

El portavoz de Compromís ha expresado su preocupación, señalando que «una vez más, la sombra de la corrupción urbanística salpica el Ayuntamiento» bajo el mandato del Partido Popular. En este sentido, ha acusado al equipo de gobierno de inacción, cuestionando por qué no se han tomado medidas ante las numerosas denuncias presentadas por los vecinos sobre la especulación masiva que afecta a las áreas rurales, donde se han detectado asentamientos ilegales en zonas propensas a inundaciones.

Acciones del Ayuntamiento ante la situación

La Concejalía de Urbanismo ha comenzado a tramitar los primeros decretos de suspensión de obras en asentamientos irregulares, según informó el equipo de gobierno en diciembre. Además, han solicitado a la Agencia Valenciana de Protección del Territorio (AVPT) que priorice las actuaciones en las áreas con riesgo de inundación. Este organismo ha abierto 40 expedientes por construcciones irregulares en estas zonas.

Asimismo, Urbanismo ya notificó el primer decreto de suspensión de obras ilegales en La Cañada del Fenollar, y actualmente hay 40 expedientes abiertos por infracciones de este tipo, de los cuales 15 corresponden a suelo clasificado como rambla. El Ayuntamiento se compromete a emitir los correspondientes decretos de suspensión para todos ellos.

La intervención de la Guardia Civil

El portavoz de Compromís ha subrayado la gravedad de la situación, indicando que es alarmante que haya sido necesaria la intervención de la Guardia Civil para abordar un caso de presunta corrupción urbanística de tal magnitud. En este contexto, ha manifestado que la coalición no confía en el Ayuntamiento y ha planteado preguntas al Ministerio para la Transición Ecológica a través de un senador.

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El portavoz ha afirmado que se solicitarán responsabilidades políticas tanto al alcalde como a los concejales de Urbanismo y Seguridad, argumentando que el presidente de la junta de distrito de las partidas conocía la situación durante meses sin haber tomado ninguna acción. Además, ha anunciado la intención de convocar una junta extraordinaria para abordar estos problemas en las partidas rurales.

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