Desarticulan una red que comercializaba terrenos rústicos para construir chabolas en Alicante
La construcción de chabolas y viviendas precarias en partidas rurales ha revelado un entramado fraudulento de compra y venta de parcelas en suelo rústico no urbanizable. La Guardia Civil ha desmantelado esta organización criminal a través de la operación ‘Insidias 2’, que ha llevado a la investigación de aproximadamente veinte personas por delitos relacionados con la ordenación del territorio y urbanismo, así como por infracciones contra los derechos de los trabajadores.
La Patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) inició la investigación tras detectar la parcelación y construcción de un inmueble en una finca rústica. Esta edificación se encontraba en una zona protegida e inundable, lo que la hacía ilegal. Las denuncias de los vecinos fueron clave para que las autoridades comenzaran a investigar estas actividades ilegales.
Desarrollo de construcciones ilegales
Las construcciones ilegales se estaban expandiendo en diversas partidas rurales, como Verdegás y Cañada del Fenollar, lo que generó múltiples quejas por parte de los residentes. Las investigaciones permitieron a los agentes determinar que una parcela de aproximadamente 11.000 metros cuadrados había sido dividida en 12 subparcelas, cada una con construcciones en diferentes fases de ejecución. Además, se descubrió la instalación ilegal de un sistema de suministro de agua no potable sin la licencia correspondiente.
Tanto el Ayuntamiento como la Conselleria de Territorio estaban al tanto de estas irregularidades, ya que habían iniciado expedientes de sanción en relación a estas construcciones. Las pesquisas revelaron que la finca había sido adquirida por una empresa creada específicamente para su compra y posterior venta en participaciones a diferentes compradores, quienes eran plenamente conscientes de la ilegalidad de la parcelación.
Condiciones laborales irregulares
Durante las inspecciones, los agentes también encontraron que parte de las obras fueron ejecutadas por un constructor que empleaba a trabajadores extranjeros en situación irregular. Estos trabajadores carecían de contratos y no estaban registrados en la Seguridad Social, lo que violaba las normativas laborales. Se determinó que eran contratados sin medidas de protección laboral y en condiciones inferiores a las legalmente establecidas.
En muchos casos, los trabajadores no recibieron el salario correspondiente por su labor, aprovechándose de su situación de vulnerabilidad. Las investigaciones han llevado a la imputación de 14 hombres y 6 mujeres, así como de una persona jurídica responsable de la parcelación ilegal. Se han presentado los cargos ante los juzgados para que se realicen las diligencias pertinentes.