Vecina de Xàbia recibe alivio financiero tras años de espera por su reconocimiento de discapacidad

«Legalmente, la Administración tenía razón; pero, moralmente, la tenía yo». Con estas palabras, una ciudadana extranjera residente en la localidad de Xàbia describe su lucha para anular hasta mil euros en multas de tráfico, un episodio que ilustra las complicaciones derivadas de las demoras administrativas.

El historial médico de esta mujer incluye dos intervenciones quirúrgicas en el cerebro debido a tumores, lo que ha dejado secuelas permanentes que limitan su movilidad. «No puedo caminar sin muletas más de 15 metros, y el dolor es insoportable», afirma. Para desplazarse por su municipio, ha utilizado los aparcamientos destinados a personas con diversidad funcional.

Un largo proceso burocrático

El principal inconveniente que enfrenta es que desde 2021 espera una reinspección de su grado de discapacidad. Actualmente, su reconocimiento no le otorga el derecho a utilizar los espacios reservados para este colectivo, aunque ha continuado haciéndolo. En su país de origen, su incapacidad está reconocida al 100%, pero en España, en su primera evaluación en 2013, se le asignó un 52%, que luego aumentó al 55% en una revisión posterior. Esta disparidad en el reconocimiento de la discapacidad es común, y a pesar de su situación, no puede acceder al permiso de aparcamiento que considera merecedor.

La falta de este derecho llevó a esta vecina de Xàbia a tomar decisiones cuestionables. Para poder estacionar en las zonas habilitadas, comenzó a utilizar una copia de la tarjeta de estacionamiento de su hijo, quien quedó parapléjico tras un accidente de moto y sí posee el permiso correspondiente. «El accidente de mi hijo me absorbió tanto que dejé de lado mis propios trámites relacionados con mi discapacidad. La burocracia me ocupó todo el tiempo», explica en una carta dirigida al inspector jefe de la Policía Local, en la que expone lo que considera una injusticia.

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Multas y resolución inesperada

El uso indebido de la tarjeta de su hijo resultó en cinco multas, cada una de 200 euros, sumando un total de mil euros. Esta no fue la primera vez que enfrentó una situación similar; en 2021, ya había pagado cerca de 2.000 euros en multas por infracciones de tráfico relacionadas. Además de apelar las multas recientes, la ciudadana holandesa decidió presentar su caso al inspector jefe de la Policía Local.

Para su sorpresa, al intentar pagar las multas a través de la plataforma web de la administración, descubrió que habían sido anuladas. A pesar de esta resolución, expresa que su satisfacción es parcial, ya que continúa inmersa en un complicado proceso burocrático, con la esperanza de que se reconozca plenamente su discapacidad.